Hay incertidumbre en la actividad y se profundiza el retraso en el pago de certificados de la obra pública con fondos nacionales. En algunos casos, llegan a los seis de demora. Advierten que si se agrava la situación, podría haber paralización total y hasta despidos.
"Lo grave de todo esto, más allá de que las empresas pueden estar en situación de crisis y hasta de quiebra si esto sigue así, es que también podría significar mucha mano de obra en la calle", advirtió en diálogo con época el presidente de la delegación Corrientes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Rossello.
En este sentido, el empresario insistió: "Esto significa obreros que serán pasados al trabajo informal, a un plan social o simplemente a no tener ingreso de ninguna otra manera, porque hay gente que le apostó al trabajo. Eso es lo que nos preocupa enormemente", aseguró.
La situación de crisis en el sector de la construcción no es nueva. Hay un combo de factores adversos en la macroeconomía del país que los pone en jaque constantemente. Más aún cuando los índices se disparan asfixiando a las actividades productivas. Esto es, una inflación indomable y un nuevo y preocupante repunte del dólar.
Así, cualquier retraso en pagos abre un escenario de menores ganancias y reducción en la fuerza para sostener no solo la misma actividad a un ritmo normal, sino también el empleo.
Es en este marco que, primero, la delegación local de CAMARCO declaró la emergencia del sector y luego, el viernes último, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (órgano superior de la institución) emitió un comunicado tras una reunión a nivel nacional en el que también lanzaron un alerta por la crisis que se profundiza y amenaza con generar un escenario realmente crítico, como hace rato no se experimenta en el sector.
"En una reunión de la comisión directiva de la Cámara y ante la evaluación del futuro inmediato, la situación general de todas las empresas y la demora del cobro de los certificados, se emitió un comunicado declarando la emergencia, en la que puntualizábamos especialmente las obras financiadas por Nación, como algunas que se ejecutan a través de reparticiones provinciales con fondeo nacional", comenzó explicando Rossello.
"Estas obras están con retrasos de certificados, que en algunos casos llegan a los seis meses y con redeterminaciones de precios (actualizaciones de cada contrato), que pone al día el contrato con la inflación que sigue en ascenso. Incluso hay algunas redeterminaciones que están retrasadas a junio del año pasado. Y trabajar con esos valores se tornó inviable para la mayoría de las empresas", indicó el titular de CAMECOR Corrientes.
En este sentido, se contemplan obras financiadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) "o algunos programas de construcción de escuelas, que si bien no están tan retrasadas, vienen con demoras, además de todas las obras de los CDI (Centro de Desarrollo Infantil) que se están concretando en toda la provincia y son financiadas con recursos nacionales. Lo mismo para algunas obras de Vialidad Nacional", mencionó Rossello.
De esta manera, "las empresas ya no tienen más solución y como se trata de fondos que vienen de Nación, la respuesta de la Provincia es: ‘No recibimos fondos’", indicó.
"Con muchas gestiones en conjunto entre las empresas y la Provincia para tratar de conseguir los fondos, esta situación lleva a que las empresas hayan consumido sus stock financiero, recurrido a créditos bancarios y a descubiertos bancarios que es lo más grave, llegando a una situación ya bastante crítica en general en todo el empresariado", alertó.
"Por ello emitimos ese comunicado, muy preocupados y está al tanto de esto la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), porque está al día con todo lo que está pasando", dijo y agregó a continuación: "Y sabemos y saben que esta situación lleva a la siguiente consecuencia: bajar el ritmo de trabajo, que es consumir el material que tenés en obra, el stock que pudiste comprar o tener en proveedores. Y después de eso caer en una neutralización o paralización de los contratos, que es lo que no queremos que suceda, porque obra que se paraliza es obra que es muy difícil reiniciarla", advirtió.
"Por eso nos declaramos en emergencia. Lo hicimos saber a los entes provinciales y a los nacionales. Y lo hicimos público en el Consejo Federal, durante una reunión en Pilar, Buenos Aires. Y también en ese ámbito compartimos la problemática con otras provincias: hoy no es solamente de Corrientes la que está en crisis sino que es una situación ya generalizada y alcanza a otras provincias", resaltó.
Fondos escasos
"La gran injusticia de todo esto es que estamos haciendo casi todas las empresa algunas obras nacionales y otras de carácter provincial con alto esfuerzo de la Provincia en financiarlas. Y obviamente termina repercutiendo en las finanzas de toda empresa, que es una sola y el efecto lo vamos a sentir en las obras locales también. Porque usamos muchos fondos de esos ingresos para sostener la empresa y sostener las obras", resaltó.
Finalmente, Rossello reiteró que se está trabajando con la UOCRA en gestiones conjuntas y en los próximos días mantendrán una reunión con el ministerio de Obras Públicas de la Provincia, Claudio Polich, para ponerlo en conocimiento del caso y el alerta por la situación. En este sentido, señaló que hubo "expresiones e imposición del ministro (de Economía de la Nación, Sergio) Massa en las que nos fue muy claro que va a dar prioridad a todas las obras que tienen fondos directo de Nación. Es decir, deja afuera de ese esquema a las obras de convenio, que son las que tiene con provincias y municipios. Por lo cual, realmente, la preocupación es aún más grande".
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